El centro histórico de Arequipa, Patrimonio Cultural de la Humanidad, se ha convertido en el escenario de una gestión municipal que parece aplicar la ley con una preocupante asimetría. Mientras las redes sociales y los transeúntes denuncian la colocación de un banner del partido Renovación Popular en las inmediaciones de la plaza España en pleno centro histórico, la reacción de la actual administración ha sido, por decir lo menos, errática y selectiva. Resulta inaceptable que, bajo la mirada de una fiscalización que se dice "intensa", se permitan privilegios visuales que degradan nuestra arquitectura colonial mientras se apura el rigor sancionador contra otros.

La arbitrariedad alcanza su punto más crítico cuando la gestión municipal, bajo argumentos administrativos cuestionables, impidió el mitin de Jorge Nieto, candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno. Es irónico que se use la "protección del patrimonio" como escudo para frenar eventos políticos de la oposición, mientras que la propaganda de ciertos sectores permanece colgada hasta que la presión ciudadana vuelve el escándalo insostenible. El alcalde y su cuerpo de fiscalizadores no pueden actuar como un comité de campaña encubierto; su deber es con el orden público y la neutralidad.

Exigimos una explicación clara sobre por qué algunos logotipos partidarios gozan de la brisa del centro histórico sin ser retirados de inmediato, mientras que a otros se les niega el derecho a la reunión política en espacios abiertos. La administración de Víctor Hugo Rivera debe entender que el centro histórico no es su feudo personal ni una vitrina para sus aliados. La fiscalización debe ser ciega a los colores partidarios, o de lo contrario, la "Ciudad Blanca" seguirá manchada por la sombra de la parcialidad y el autoritarismo municipal.