El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tiene las cosas claras: no negociar con los corruptos. El caso de los peajes se entiende fácil. La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por propia boca confirmó haber recibido coima de Odebrecht para enfrentar la revocatoria por su pésima gestión. Pero ganó con el apoyo de una troupe de figuritas faranduleras y de famosos de medio pelo que se subieron al coche de las constructoras corruptas. Y así fue confirmada cuán vulnerable es la conciencia ciudadana.
La promesa de López Aliaga durante la campaña electoral era suspender los cobros de peaje en Puente Piedra por haberse negociado de manera mafiosa entre Villarán y Odebrecht. Ciertos izquierdistas apuntalan en favor de lo indefendible sin rubor ni disimulo. Tienen amplia cabida en ciertos medios. Son entrevistados por periodistas pretenciosos animados por un deliberado plan de dominio por intermedio de sus informaciones. Dicen que los contratos se deben respetar, caso contrario, un juzgado comercial internacional sancionará al país. Por supuesto que los contratos deben respetarse y, en lo posible, evitar acudir a cortes comerciales porque Perú pierde en casi todos los casos. Pero cuando los contratos dañan los intereses nacionales y claramente favorecen a una parte, deben ser observados por las autoridades. En su momento, pocas voces alertaban lo que sucedía durante la gestión de Villarán. La ola izquierdista dominaba los escenarios políticos. De la mano de la fiscalía y Poder Judicial reducía a sus opositores con acusaciones caprichosas. El antifujimorismo y antiaprismo se paseaban a su gusto por los medios comprometidos con las constructoras mafiosas. Esos medios y periodistas no solo ningunean a López Aliaga, sino que además presentan como válidos los argumentos de los mafiosos. Para desacreditar la gestión del alcalde anuncian incumplimiento de promesas y caída de popularidad.
Las cláusulas anticorrupción de los contratos son burlados por esos mafiosos y sus compinches. Hacen caso omiso a las leyes que establecen sanción a convenios que dañan a terceros; en el caso de los peajes, a los millones de peruanos que los usan para desplazarse.
La medida cautelar que impide el cobro de peajes - por haber surgido de una componenda ladrona - es un gran avance que aplaudimos. No obstante, la cárcel y los millones de dólares de por medio de los culpables provocarán reacciones predecibles. Controlan medios. Saben que la gente es manipulable. Apuestan a orientar el voto y conteo de resultados a su favor en próximas elecciones. Está advertido.
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