¿Cuántos casos de bullying contra escolares han sido atendidos y realmente solucionados en Arequipa? La pregunta parece sencilla, pero  los entes competentes revelan una respuesta preocupante: expedientes paralizados, procesos anulados, demoras administrativas y víctimas esperando protección.

No se trata de pedir que los menores sean tratados como adultos ni de reclamar castigos desproporcionados. Un adolescente que comete un delito debe responder ante un sistema de justicia especializado, con medidas orientadas a su responsabilidad.

Pero mientras el sistema habla de rehabilitación, ¿quién rehabilita a la víctima? ¿Quién responde cuando un escolar termina lesionado, discriminado, agredido sexualmente o destruido emocionalmente? La protección del menor infractor no puede convertirse, por omisión institucional, en desprotección para quien sufrió.

El informe del Consejo Regional de Arequipa expone cuatro expedientes que evidencian serias deficiencias institucionales. En el colegio Max Uhle, una denuncia por lesiones con thinner terminó con la anulación de actuaciones, sin que se establecieran responsabilidades.

En el Lord Byron aparecen dos situaciones graves: una denuncia por suspensión presuntamente arbitraria y discriminatoria que superó diez meses sin informe final, y otra por violencia sexual contra una escolar de trece años, cuyo procedimiento sancionador terminó anulado.

En Nuestra Señora del Pilar, una agresión física contra una niña de diez años. Actos que las UGEL y GREA no responden.

Y en la escuela de arte Carlos Baca Flor se detectaron deficiencias en el comité contra el hostigamiento sexual, mientras una investigación por presuntos tocamientos indebidos en el colegio militar Francisco Bolognesi vuelve a recordarnos que ningún espacio educativo está exento de estos riesgos.

Lo verdaderamente demoledor no es únicamente la existencia de agresiones entre escolares. Es descubrir que, después de la denuncia, las instituciones encargadas de protegerlos pueden tardar meses, anular procedimientos, omitir protocolos o simplemente trasladar responsabilidades.

La educación no puede reducirse a enseñar matemáticas, historia o lenguaje. También debe garantizar que un niño pueda ingresar a un colegio sin miedo a ser humillado, golpeado, discriminado o sexualmente violentado, y tener la certeza de que alguien actuará.

Por eso, la discusión sobre sanciones debe superar los extremos. Ni impunidad disfrazada de protección al menor ni castigos adultos aplicados a adolescentes. Lo que corresponde es justicia especializada, procedimientos eficaces, prevención, supervisión y consecuencias determinadas conforme a la ley.

En la edición digital de este 20 de septiembre de Diario Viral, los lectores podrán conocer los resultados de las investigaciones sobre estas agresiones escolares. Y probablemente descubrirán algo más doloroso que las cifras: detrás de cada expediente hay un menor que esperaba que un adulto hiciera correctamente su trabajo.

Porque cuando una institución demora meses en actuar, cuando un procedimiento se anula por errores administrativos o cuando un protocolo no se cumple, el daño no desaparece. La víctima continúa cargando las consecuencias mientras el expediente permanece detenido.