El 28 de julio de 2026 marcará un hito en la historia política del Perú: la reinstauración del Senado. La Ley 31988, promulgada en marzo de 2024, dio forma al retorno bicameral con el propósito declarado de perfeccionar la representación y fortalecer la institucionalidad democrática. Sin embargo, las modificaciones introducidas en el texto constitucional no solo reestructuran el Congreso, sino que alteran el delicado equilibrio de poderes que ha sostenido al Estado desde 1993.
El nuevo diseño constitucional reduce el margen de acción del Poder Ejecutivo al limitar su facultad de disolver únicamente la Cámara de Diputados, manteniendo al Senado en funciones permanentes. Así, el presidente pierde una de sus herramientas más eficaces para forzar consensos y se expone a un control político incesante. El Legislativo, por su parte, asume la potestad de vacar al mandatario y juzgarlo en el Senado. Esto impone un desequilibrio que desdibuja el principio de pesos y contrapesos que toda república equilibrada debería preservar.
El Senado, lejos de ser una cámara de revisión o reflexión, se convierte en el centro del poder político. Sus atribuciones para designar o ratificar a los titulares del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva y los órganos de control le otorgan una influencia sin precedentes sobre los organismos autónomos. Incluso la capacidad de aprobar a los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas abre una inquietante puerta a la subordinación militar al poder partidario, una figura que la Constitución de 1993 había querido desterrar.
En paralelo, la derogación de la prohibición de reelección inmediata consolida el panorama político. La clase parlamentaria, que impulsó la reforma, se ha asegurado la posibilidad de perpetuarse en el cargo. Por lo menos 80 congresistas han anunciado que participarán en las elecciones del próximo año. Muchos de ellos con investigaciones abiertas. Por eso no sorprende que varias bancadas hayan anunciado su intención de competir nuevamente, esta vez con especial interés en el Senado, donde residirá el verdadero poder de veto y de decisión institucional. Quien controle la cámara alta controlará el manejo del Estado.
La restauración bicameral pudo haber sido una oportunidad para corregir los excesos del unicameralismo y recuperar una deliberación más madura. En cambio, el camino elegido apunta más bien a un rediseño funcional del poder, en el que la promesa de equilibrio cede ante la tentación de la hegemonía. El Perú, que deseó un ejecutivo fuerte para sostener la gobernabilidad, entra ahora en una era en la que el poder residirá, no en el Palacio de Gobierno, sino en la sede del Senado.
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