La decisión del Tribunal Constitucional de anular la condena de 15 años impuesta al expresidente Ollanta Humala reabre un debate que trasciende su caso particular: ¿hasta qué punto las garantías constitucionales pueden convivir con la lucha contra la corrupción? El máximo intérprete de la Constitución concluyó que el exmandatario fue procesado aplicando una figura penal que no existía cuando ocurrieron los hechos investigados y dejó sin efecto la sentencia. Aunque el Poder Judicial ya dispuso su excarcelación, esta aún no se concreta. Jurídicamente, el principio de legalidad es un pilar del Estado de derecho; sin embargo, para una ciudadanía cansada de ver cómo los grandes casos terminan sin sanción firme, la decisión genera una inevitable sensación de frustración.
El problema no radica únicamente en el futuro judicial de Humala, sino en la imagen que proyecta el sistema de justicia. Durante años se destinaron recursos, investigaciones y un largo proceso que terminó anulado por la aplicación de una norma que, según el Tribunal Constitucional, no correspondía. Cuando procesos de alto impacto se derrumban por errores jurídicos y no por el esclarecimiento de los hechos, la confianza ciudadana también se debilita y vuelve a instalarse la percepción de impunidad.
Más allá de cualquier posición política, este caso debe convertirse en una llamada de atención para el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso. La lucha contra la corrupción exige investigaciones sólidas, respeto irrestricto al debido proceso y una legislación clara que no deje espacio para interpretaciones que, años después, terminen invalidando procesos completos. El mayor perjudicado no es solo un acusado o una institución, sino el ciudadano, que sigue esperando una justicia oportuna, firme y capaz de generar confianza.
