Dos jóvenes treintañeros deciden emprender negocios, como alquilar vehículos motorizados (camioneta 4 x 4), forman la empresa, conforme a la legislación de la materia, obtienen el RUC, la inscriben en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos e inician actividades.
Se hacen préstamo considerable de entidad financiera, adquieren camioneta del año 2024 e inician la actividad económica de arrendamiento.
Alquilan el bien mueble, a otra empresa, esta la subalquila a un tercero, sin los cuidados mínimos indispensables, se les acerca, a la arrendataria, “un conocido”, solicita alquilar camioneta para una tercera empresa, que nunca suscribió el contrato con la arrendataria de la camioneta, “el conocido” indica el nombre del conductor que va a trasladar el vehículo a Juliaca.
Curiosamente, la empresa arrendataria, la supuesta administradora, entrega la camioneta al conductor, señalado por el “conocido”.
Le indican recoger en el puente Añashuayco, a un tal Miguel; siguen camino a la ciudad de los vientos, capital comercial de Puno y centro de los quechuas del Altiplano. En el ingreso, el conductor llama a un tal Carlos, para entregarle la camioneta.
Ese tal Carlos, le dice al conductor, lleve el vehículo al terminal, le paga al conductor S/200, este deja la camioneta y regresa Arequipa.
El receptor, dentro de la camioneta, da varias vueltas, la interna en una cochera, luego, se la lleva rumbo hacia la salida de Lampa, donde hay varios talleres dedicados a canibalizar camionetas, información dada por un honesto exefectivo policial.
Los ladrones de camionetas 4 x 4 desactivan el GPS, perdiéndose el rastro. La arrendataria, avisa a los jóvenes propietarios, de un posible robo; dirigiéndose a una comisaría del distrito arequipeño José Luis Bustamante y Rivero, pone la denuncia por “robo de camioneta”, el suboficial, no sé con qué autoridad, califica la denuncia de “apropiación ilícita”, en esto lo apoya el fiscal de turno.
Cómo se atreven a calificar el delito, sin investigar, sin recabar datos, además, cuestionó, de estos (suboficial y fiscal), la indiferencia ante un evidente delito. Tales individuos, en mi opinión, deben ser considerados cómplices en el hurto de la camioneta.
Basta de tener funcionarios inertes ante la delincuencia y corrupción.