En una sesión marcada por la polémica y el debate sobre la transparencia en la política peruana, el Congreso de la república aprobó en primera votación el retorno de la inmunidad parlamentaria. Con 87 votos a favor, el dictamen modifica el artículo 93 de la Constitución, restaurando una figura legal eliminada en 2021 tras múltiples críticas ciudadanas y escándalos de corrupción en el Congreso.
Según la propuesta, los congresistas no podrán ser procesados ni detenidos sin previa autorización del propio Parlamento durante su mandato. Esta medida es presentada por sus promotores como una garantía para proteger la función legislativa de presiones externas y persecuciones políticas, en un contexto de creciente polarización institucional y judicialización de la política.
Sin embargo, sectores de la ciudadanía y organizaciones civiles expresaron su preocupación por el riesgo de un retorno a la impunidad parlamentaria. Diversos analistas señalan que, en lugar de blindaje, el país necesita fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y recuperar la confianza en las instituciones públicas, deteriorada por repetidos casos de congresistas investigados por delitos durante su ejercicio.
La iniciativa aún debe ser ratificada en una segunda votación en una legislatura siguiente para entrar en vigencia. Mientras tanto, el debate sobre los límites entre protección institucional y privilegios persiste. Estos se ven alimentados por todas las denuncias que tienen los parlamentarios actuales. Veremos si ello puede cambiar cuando tengamos senadores y diputados a partir del 2026. Caso contrario, será más de lo mismo, pero ahora con inmunidad.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
