La exclusión del padrón de ciudadanos inhabilitados reabre un debate central: el alcance de las sanciones políticas y su impacto en la representación. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aplica la ley, pero también fija límites democráticos.
Desde una lectura institucional, la medida responde al mandato constitucional que vincula inhabilitación con pérdida temporal de derechos políticos.
No es una sanción electoral autónoma, sino consecuencia directa de decisiones previas del Congreso.
Sin embargo, el caso de Delia Espinoza introduce un elemento político relevante. La fiscal investigó a congresistas que luego impulsaron su sanción, lo que alimenta percepciones de sesgo y conflicto de intereses.
Esta tensión entre control político y autonomía institucional erosiona confianza ciudadana. Aunque legal, una inhabilitación percibida como represalia debilita la legitimidad del sistema y exige mayor escrutinio público y estándares objetivos.
La exclusión del derecho al voto profundiza el debate. No solo se impide postular, también participar como elector. Este efecto, previsto por ley, requiere mayor pedagogía democrática y discusión abierta.
Más allá de nombres propios, el mensaje es sistémico: la democracia funciona con reglas y consecuencias. Su solidez dependerá de que sanciones y controles se apliquen sin arbitrariedad ni cálculo político.
Martín Vizcarra es otro afectado, estaba convencido en ser nuevamente presidente, olvidando todos los procesos judiciales en los cuales está involucrado.
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