Las decisiones recientes del Congreso reflejan una preocupante falta de coherencia en el manejo de las responsabilidades de fiscalización política. Por un lado, la censura al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, fue aprobada con contundencia, argumentando su desinterés en combatir la minería ilegal y aseguraron que su liderazgo en la cartera ministerial decepcionó. Pese a que su propuesta de extender el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) buscaba ordenar un sistema que lleva años sumido en la informalidad y, a menudo, controlado por mafias.
En contraste, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, cuyo ministerio enfrenta denuncias de alimentos en mal estado distribuidos en escuelas, apenas recibió 36 votos a favor de su censura. Un resultado decepcionante si se considera el impacto directo de Qali Warma en la salud y bienestar de miles de niños peruanos.
Esta disparidad deja en evidencia una tendencia en el Congreso: decisiones que parecen responder más a intereses políticos que a una evaluación objetiva de las gestiones ministeriales.
Mientras un ministro es castigado por intentar gestionar problemas estructurales complejos, otro es absuelto a pesar de liderar un programa plagado de irregularidades que atenta contra la niñez. Más allá de las disputas políticas, lo que el Perú necesita es una gestión pública basada en resultados y transparencia, no en cálculos partidarios. El castigo a unos y el perdón a otros solo perpetúa la crisis de confianza hacia las instituciones.
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