El secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla en Trujillo expone, con aterradora crudeza, cómo el crimen organizado ha tomado el control del norte del país mientras las autoridades piden que esperemos resultados en el 2027. Treinta horas de angustia, exigencias extorsivas de hasta cuatro millones de dólares y una emboscada planificada al milímetro demuestran la sofisticación operativa de bandas integradas por jóvenes con antecedentes e impunidad garantizada. 

Aunque la Policía acudió a la zona y atribuye la liberación de la víctima a la presión de sus operativos en El Porvenir y Chepén, la ciudadanía observa con absoluto escepticismo si se trató de eficacia policial o del desesperado pago de un rescate por parte de una familia aterrorizada. No podemos normalizar que la libertad y la vida en el Perú tengan una tarifa fijada por la delincuencia.

La respuesta del Gobierno ante este escenario de zozobra raya en el absurdo institucional y la desconexión total. Resulta insólito y sumamente revelador que, frente a un delito de alto impacto de competencia estrictamente policial, sea el ministro de Defensa quien acuda a Trujillo en lugar del titular del Interior, responsable directo de la seguridad ciudadana. Desplegar autoridades sin competencias claras o pretender apagar el fuego con presencia mediática no desarma bandas dedicadas a la extorsión ni devuelve la tranquilidad a las zonas mineras golpeadas como Pataz.

La captura de presuntos implicados es apenas el primer paso; el verdadero desafío radica en conseguir condenas drásticas que desarticulen el financiamiento criminal y eviten que estos sujetos vuelvan a las calles a delinquir. Como sociedad, debemos educarnos para no ceder ante la normalización del chantaje ni aceptar discursos oficiales que maquille la debilidad del Estado.

Trujillo y el Perú exigen liderazgo firme, instituciones articuladas y una política de seguridad que proteja la vida de los ciudadanos antes de que el terrorismo urbano termine por paralizar la economía del país.