Desde el Ministerio del Interior se confirmó la conformación de un grupo especial contra el crimen organizado, dígase extorsión, que en las últimas semanas estuvo atacando a los buses de transporte público de diversas rutas en la capital. Esta iniciativa representa el más reciente esfuerzo para combatir el avance de la criminalidad que amenaza a cada vez más sectores del aparato productivo.
Se resalta la intención de proteger a los ciudadanos con la conformación de grupos especializados contra el crimen. Lo criticable es que se haya llegado a esta conclusión ante las protestas que iniciaron los afectados como los transportistas. Sus pedidos urgentes de protección fueron mostrados en marchas donde, a la vez, mostraron su identidad abiertamente exponiéndose a que la delincuencia los siga conociendo.
Sin embargo, otro hecho también llama la atención. Tuvo que incrementarse el problema de la extorsión en la capital para que recién tomen nuevas medidas ante la criminalidad. Debemos recordar que las denuncias graves contra extorsionadores se dan en el resto de regiones. Para muestra un botón en Arequipa: los empresarios madereros de la avenida Jesús denunciaron amenazas de la delincuencia.
Por coincidencias de la vida, a los pocos días se registró un incendio de grandes proporciones que les dejó fuertes pérdidas. Hasta el momento no se aclaran las circunstancias del siniestro.
Así como este ocurrieron otros casos en Arequipa que merecen similar atención de nuestras autoridades. La extorsión no solo es un problema que afecta a Lima, sino a todo el país y esperemos que el accionar del nuevo grupo especializado de la Policía tenga alcance nacional.
La seguridad ciudadana es un problema que nos atañe a todos y se requiere que nuestro Gobierno mantenga especial atención para evitar que se registren más pérdidas de vidas humanas por el accionar de grupos criminales.