El Gobierno peruano pretende ampliar las expulsiones de ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular mediante un acuerdo con Caracas. La propuesta busca trasladar grupos numerosos y abre un nuevo capítulo en la política migratoria nacional.

El ministro del Interior, César Astudillo, informó ante el Congreso que 1635 extranjeros ya fueron expulsados del país y aseguró que esta cifra podría aumentar considerablemente si prosperan las negociaciones con Venezuela.

Incluso mencionó la posibilidad de utilizar embarcaciones para trasladar a grupos numerosos, aunque todavía no se conocen fechas, puertos de salida, cantidad de pasajeros ni las condiciones específicas del eventual acuerdo bilateral.

Aquí aparece el primer desafío: una política de expulsiones masivas no puede sostenerse únicamente en declaraciones. Requiere coordinación diplomática, capacidad logística, identificación individual y, sobre todo, procedimientos que respeten las garantías establecidas por la legislación peruana.

El Estado tiene derecho a controlar sus fronteras y actuar frente a quienes incumplen las normas migratorias. Sin embargo, hacerlo de manera efectiva exige distinguir responsabilidades individuales y evitar que la discusión termine reducida a nacionalidades, cifras o anuncios que alimenten la confrontación.

Perú necesita recuperar el control de su política migratoria con firmeza, pero también con inteligencia y planificación. La ciudadanía espera resultados frente a la inseguridad y la irregularidad migratoria; ahora corresponde demostrar que detrás de los anuncios existe una estrategia capaz de ejecutarse.