En un acto que debería ser celebrado por su impacto ambiental y social, el Ministerio del Ambiente (Minam) ha entregado más de 100 compactadoras a diversos municipios de Arequipa. Sin embargo, lo que debería ser un reconocimiento a la gestión nacional se ha convertido en una disputa política, donde algunos alcaldes han presentado la adquisición como un logro propio, generando confusión entre los ciudadanos.
En los últimos días, diversos municipios de Arequipa han difundido con entusiasmo la llegada de nuevas compactadoras de residuos sólidos, destacando este hecho como si se tratara de una adquisición directa realizada por sus propias gestiones. No obstante, la verdad detrás de estos anuncios requiere una aclaración importante en honor a la transparencia y al respeto por la ciudadanía.
La realidad es clara: estos vehículos fueron adquiridos con una inversión de S/ 80 millones por el Minam, en el marco del programa de mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública. La compra se realizó mediante un contrato de préstamo con la cooperación alemana KFW, lo que demuestra que la iniciativa responde a una estrategia nacional de gestión de residuos y no a una acción individual de los gobiernos locales.
A pesar de ello, algunos alcaldes han utilizado la entrega de las compactadoras como una oportunidad para fortalecer su imagen pública, insinuando que la adquisición fue producto de su gestión directa. Este tipo de apropiación de logros nacionales no solo distorsiona la información, sino que también invisibiliza el esfuerzo del Estado y de los organismos internacionales que financian estos proyectos.
Es fundamental que los ciudadanos estén informados y que los alcaldes reconozcan el verdadero origen de estos recursos. La transparencia en la gestión pública es clave para fortalecer la confianza en las autoridades y evitar que los avances en infraestructura sean utilizados como herramientas de propaganda política.
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