La reciente emergencia en el sistema de gas de Camisea dejó una señal de alerta que el país no debería minimizar. Aunque el Gobierno anunció que el ducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP) ya fue reparado y que el transporte de gas natural se restableció, la gran pregunta sigue abierta: ¿qué provocó realmente la deflagración que paralizó parte del sistema energético nacional?

El propio ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, reveló un dato clave: 19 trabajadores de la empresa se encontraban realizando labores en el ducto cuando ocurrió el incidente en el punto KP43, ubicado en el distrito de Megantoni, Cusco. Sus declaraciones dejan entrever una posibilidad que ahora deberá investigarse con rigor: algo se hizo mal o algo dejó de hacerse durante esos trabajos. Es decir, la falla podría estar vinculada a procedimientos o decisiones dentro de la propia empresa operadora TGP.

El presidente José Balcázar informó que la contingencia fue superada y que los ductos de gas y líquidos se encuentran nuevamente operativos. Sin embargo, el restablecimiento del servicio no significa que el problema esté resuelto. Cuando una infraestructura estratégica sufre una falla de esta magnitud, el país necesita saber si se trató de un accidente inevitable o de un error que pudo haberse evitado.

La investigación ahora está en manos de Osinergmin, cuyo informe final determinará si existieron fallas técnicas, incumplimiento de normas de seguridad o incluso negligencia. El propio ministro advirtió que, si se comprueba que la empresa utilizó materiales inadecuados, aplicó procedimientos incorrectos o incumplió estándares, las sanciones podrían ser muy severas, incluso hasta la cancelación de la licencia de operación por daño ambiental o negligencia criminal.

Este episodio también revela una debilidad estructural del país: la enorme dependencia energética de una sola infraestructura. Cuando un ducto se detiene, el impacto se siente en el transporte, en el abastecimiento de combustibles y en la economía cotidiana. Por eso, más allá de reparar el ducto, el país necesita respuestas claras. Si la responsabilidad recae en la empresa operadora, deberá asumir consecuencias. La seguridad energética del Perú no puede quedar expuesta a errores que pudieron evitarse.