La desactivación definitiva de los principales equipos especiales del Ministerio Público marca un punto de inflexión en la justicia peruana. La decisión del fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez Villegas, reordena el poder interno de la Fiscalía.
Con cuatro resoluciones publicadas en El Peruano, quedaron disueltos los equipos Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto, Eficcop y Eficavip, estructuras creadas para investigar casos de alta complejidad política, corrupción y violaciones de derechos humanos.
El argumento oficial apunta a una reorganización administrativa que garantice continuidad procesal y por resultados nulos en casi una década y gastos millonarios que Gálvez indica eran innecesarios.
DIjo que las investigaciones no se archivan: 97 carpetas fiscales seguirán su curso, ahora integradas al subsistema de lavado de activos y a despachos ordinarios.
Sin embargo, el mensaje político es ineludible. Gálvez cuestionó públicamente el desempeño de estos equipos, afirmando que tras años de funcionamiento “no dieron resultados”, y acusó distorsiones como persecución y encubrimiento dentro del sistema.
La forma también importa. El tono confrontacional del fiscal interino, especialmente frente a periodistas y ante preguntas sobre fiscales como Rafael Vela y José Domingo Pérez, añade tensión a un escenario ya polarizado.
Para la ciudadanía, el reto será observar si este nuevo modelo mejora la eficiencia y la imparcialidad, o si debilita investigaciones sensibles.
Más allá de nombres y estilos, lo esencial será que la justicia funcione, sin privilegios ni retrocesos.
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