El pedido del Ejecutivo para recibir facultades legislativas durante 120 días enfrenta una nueva dificultad en el Congreso. La Comisión de Constitución plantea rechazarlo, cuestionando que varias materias fueron formuladas ampliamente y que no se acreditó, en distintos casos, necesidad, oportunidad y urgencia.

El debate no debería convertirse en otra batalla política entre el Gobierno y el Parlamento. El país necesita respuestas frente a la inseguridad ciudadana, el fenómeno El Niño y otros problemas urgentes, pero también necesita que cualquier delegación de facultades tenga límites claros y permita determinar exactamente qué puede legislar el Ejecutivo.

La propia Constitución establece que el Congreso puede delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre materias específicas y por un plazo determinado. Esa precisión no es un trámite burocrático: constituye uno de los mecanismos de control que impiden entregar un poder legislativo excesivamente amplio.

El problema aparece cuando dentro de un mismo pedido se incluyen asuntos de distinta naturaleza y no todos tienen la misma urgencia. De hecho, durante la evaluación parlamentaria, varias comisiones pidieron al Ejecutivo precisar y delimitar las materias solicitadas, especialmente aquellas que exceden seguridad ciudadana y medidas frente al fenómeno El Niño.

También existen posiciones distintas dentro del propio Congreso. Mientras algunas comisiones han recomendado no otorgar facultades en determinadas materias, otras han considerado viable concederlas parcialmente o en ámbitos específicos. La Comisión de Modernización, por ejemplo, aprobó una opinión favorable para determinadas áreas vinculadas con simplificación y modernización del Estado.

Entonces, la discusión debería abandonar el blanco y negro. No se trata de que el Congreso diga «no» a todo ni de que el Ejecutivo considere que toda demora parlamentaria constituye obstrucción. Se trata de identificar qué necesita una respuesta inmediata y qué requiere una discusión legislativa más profunda.

La seguridad ciudadana ofrece un ejemplo evidente. El país reclama acciones frente al avance del crimen, pero una delegación de facultades no garantiza por sí misma que disminuyan los delitos. Las normas necesitan instituciones capaces de ejecutarlas, presupuesto, inteligencia, coordinación y evaluación de resultados.

Lo mismo ocurre con la prevención frente al fenómeno El Niño. Si existen riesgos concretos para la población, carreteras, infraestructura y servicios, las respuestas no pueden quedar atrapadas indefinidamente en procedimientos. El propio presidente del Congreso ha señalado que existen necesidades urgentes vinculadas con seguridad y El Niño que requieren decisiones oportunas.

Pero rapidez y control no son enemigos. Un Congreso responsable puede otorgar facultades específicas cuando exista una justificación suficiente y, al mismo tiempo, excluir aquellas materias que necesiten debate, fiscalización o mayor sustento técnico.

El país no necesita otra guerra entre poderes. Necesita que Ejecutivo y Legislativo entiendan que las facultades extraordinarias son una herramienta constitucional, no un cheque en blanco. Si se conceden, deben tener objetivos, límites y plazos definidos; si se rechazan, debe explicarse qué alternativa legislativa permitirá atender las urgencias.

Al final, la pregunta no debería ser quién ganó esta disputa política. La verdadera pregunta es si el Congreso y el Gobierno serán capaces de responder a tiempo a los problemas que afectan a los peruanos sin sacrificar los controles que sostienen la democracia. Porque gobernar rápido es importante, pero gobernar dentro de la ley también lo es.