La decisión de la Comisión de Constitución del Senado de ampliar de 20 a 27 los puntos para delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un plazo de 90 días coloca sobre los hombros del Gobierno una responsabilidad histórica y perentoria. Tras el visto bueno unánime en el grupo de trabajo, la Cámara Alta se alista para sellar este traspaso normativo en materia de seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno El Niño. Sin embargo, este voto de confianza no debe interpretarse bajo ninguna circunstancia como un cheque en blanco sin rendición de cuentas, ni como la firma de decretos inocuos que terminen archivados en el diario oficial sin transformar la realidad de los ciudadanos.
El Perú no está en condiciones de tolerar más retórica legislativa ni experimentos normativos que rocen la arbitrariedad. Modificar la estructura de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) o implementar mecanismos de vigilancia pospenitenciaria para sicarios y extorsionadores exige un equilibrio quirúrgico: se requiere mano firme contra la criminalidad organizada, pero respetando los derechos fundamentales y el Estado de derecho, tal como se advirtió durante el debate. Asimismo, precisar que el apoyo de las Fuerzas Armadas en los penales se limitará a la seguridad externa demuestra que la firmeza no puede convertirse en desorden institucional. El Ejecutivo debe entender que tener más poder para legislar no significa tener patente de corso para vulnerar garantías constitucionales.
El verdadero reto del Gabinete radica en traducir estas facultades en resultados tangibles e inmediatos que la población pueda percibir en las calles y en las regiones. Frente a la extorsión impune que ahoga a comerciantes y al peligro inminente de desbordes e inundaciones por el fenómeno El Niño, el país exige decretos legislativos operativos, con presupuesto asignado y aplicación directa, no normas burocráticas “de adorno”.
Si el Gobierno utiliza estos 90 días para aprobar leyes huecas o para justificar su ineficiencia en el gasto preventivo y en el patrullaje policial, habrá defraudado la última oportunidad de devolverle la tranquilidad al país.
