Este viernes 27 de septiembre amaneció con una tragedia para el país. Un total de 25 buses de transporte público fueron quemados en una cochera del distrito limeño Independencia. Este hecho ocurre solo unas horas después de acabar el paro convocado por los transportistas ante el avance de la criminalidad reflejada en la extorsión y sicariato que golpea a este sector del aparato productivo nacional.
Todo hace indicar que este incendio fue la respuesta de la delincuencia a la protesta de los transportistas. De esta forma, el mensaje es claro: la criminalidad no cesará en su guerra contra el desarrollo del país y peor aún con un Gobierno sin las suficientes acciones para enfrentar este flagelo de la sociedad.
Por delante se aprobó la declaratoria de emergencia en 14 distritos de la capital y se conformó un grupo especial contra la extorsión. Además, se anunció la ampliación del penal de Challapalca, en Tacna, para trasladar a los más peligrosos delincuentes procesados por extorsión y sicariato. Sin embargo, esta medida ya recibió el rechazo de las autoridades tacneñas que consideran peligrosa esta medida para la seguridad de su población.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ya indicó que pondrá su cargo a disposición si es que estas propuestas no funcionan. Veremos si esto es suficiente porque, por el momento, parece que la delincuencia asesta golpes cada vez más duros.
A esto sumemos que los bodegueros, taxistas y un docente de Characato también denunciaron ser víctimas de los extorsionadores.
El Ejecutivo necesita más acciones para evitar que el crimen siga avanzando en el país sin un castigo ejemplar. No basta con amenazas de renuncias, se necesita más reacción.
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