La protesta social pierde toda legitimidad en el instante en que se convierte en violencia criminal. Lo acontecido durante la huelga del transporte en Arequipa —donde se lanzaron piedras a buses en marcha y una pasajera terminó herida en Sachaca por la disputa del pasaje a S/1.30 en el SIT— no fue un reclamo justo, sino un despliegue de matonaje. Resulta inadmisible que un sector que opera mayoritariamente en la informalidad, la suciedad y el maltrato al usuario pretenda exigir aumentos tarifarios bajo el chantaje, bloqueando la ciudad e intentando perturbar hasta el Corso de la Amistad. El derecho a protestar jamás estará por encima del libre tránsito y la seguridad de los ciudadanos.
Las excusas del consorcio Transcayma al lavarse las manos sobre la procedencia de los agresores no convencen a nadie. Los dirigentes que convocaron la medida son responsables morales y legales del caos generado en las calles. Frente a esto, el Ministerio Público y la Municipalidad Provincial de Arequipa no pueden actuar con tibieza: deben identificar a los responsables materiales e intelectuales para que el Poder Judicial aplique sanciones ejemplares.
Ninguna tregua o mesa de diálogo con las autoridades debe negociarse bajo la presión de las piedras ni con la violencia como mecanismo de extorsión.
Las autoridades municipales tienen la obligación moral de mantenerse firmes en la evaluación de la tarifa y no ceder un solo centímetro ante la extorsión al volante. Ceder ante los violentos significaría traicionar a los miles de arequipeños que a diario sufren un servicio pésimo.
