El domingo pasado se divulgó una encuesta de Datum Internacional, realizada a nivel nacional, donde se menciona que la presidenta Dina Boluarte tiene 5 % de aprobación, siendo la más baja que registra un mandatario desde 1980.
En los registros de la encuestadora en mención, Alan García tuvo 6 % en marzo de 1989 durante su primer gobierno. Luego, Alejandro Toledo registró 7 % en junio del 2004, (aún no se conocían los casos de corrupción de la carretera Interoceánica ni Ecoteva); y Ollanta Humala tuvo 14 % de porcentaje de aprobación presidencial, en marzo del 2016.
Lo curioso es que durante las tres últimas semanas han aparecido diversas encuestas dando cuenta del descenso de la aceptación del pueblo hacia la actual presidenta, que dicho de paso, según Datum al asumir su gobierno apenas contaba con 18% de aprobación porque ella dijo que iba renunciar si vacaban al presidente Pedro Castillo.
No fue así y constitucionalmente lo reemplazó. Se suma al rechazo en las encuestas a las protestas y paralizaciones entre diciembre del 2022 y marzo del 2023.
Desde el inicio de su mandato, los grupos de izquierda y los cavariaes han tratado de sacarla de la presidencia vía su renuncia o vacancia presidencial en el Congreso, pero no lograron su objetivo. ¿El motivo? Ella prescindió de estos grupos cuyos integrantes (son miles) han vivido del Estado como ministros, funcionarios públicos, consultores, contratistas o proveedores, que desde la caída de Fujimori han lapidado los fondos estatales y han estado envueltos en casos de corrupción como Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo, sus funcionarios y allegados.
Los caviares, que tienen controlado la Fiscalía de la Nación y el parte del Poder Judicial, iniciaron una persecución política y judicial contra Dina Boluarte, (quien no es una santa. Recordemos que fue la cajera de Vladimir Cerrón, para reunir fondos para pagar su caución en un proceso judicial en Junín), hasta que cayó con el caso de los Rolex en abril pasado.
Se suscitaron investigaciones contra la mandataria que varias veces mintió en su intento de justificar la tenencia de lujosos relojes Rolex. Ahora ella está investigada por la Fiscalía de la Nación. Se abona la detención de su hermano y luego liberado por el caso de los “Wuaykis”, investigado porque habría cobrado cupos para nombrar a prefectos y subprefectos.
Estos casos nos llevan a una crisis política, pero para tranquilidad de la mandataria y de los miles de peruanos, en ningún artículo de la Constitución Política del Perú dice que cuando haya una baja aceptación del pueblo vía encuestas, está obligada a renunciar. Las presiones para que ella renuncie, son opiniones de terceros sin base legal. O sea, Dina se quedará hasta el 28 de julio del 2026, salvo que ella renuncie. El Congreso no la vacará, porque los congresistas desean seguir cobrando sus sueldos hasta esa fecha con gratificación de Fiestas Patrias incluida. Así estamos.
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