¿Cómo hacer negocios y prosperar empresas en un entorno sin estabilidad social y política? ¿Cómo invertir en un escenario que no asegura los derechos sobre estas inversiones? Es precisamente para responder a esas preguntas que las empresas y los empresarios debemos ser guardianes activos de la democracia y el Estado de Derecho.
En los años 90 los politólogos estadounidenses Helman y Ratner acuñaron el término de “Estado fallido” para describir a países soberanos que no podrían garantizar su propio funcionamiento ni brindar servicios básicos. En las últimas décadas como peruanos hemos llegado a preguntarnos varias veces si nuestro país es un estado fallido.
El Perú no es fallido, es viable y está lleno de oportunidades. Sin embargo, para que las generaciones actuales y futuras aprovechen todas esas oportunidades responsablemente, es fundamental que los ciudadanos asuman un rol activo en la sociedad. Desde los diferentes roles de cada persona, debemos involucrarnos en los procesos políticos y de transformación de manera activa: ejerciendo la ciudadanía informada, siendo activos y activistas en las causas que nos atañen y ejerciendo el voto responsable cuando corresponde.
Esta es la manera de lograr una sociedad más equitativa y en la que el sistema democrático funcione.
En este contexto, la participación del sector empresarial en la política es imprescindible y no hay que tener temor de involucrarse. Un reciente sondeo de Capitalismo Consciente Perú revela que el 65% de los empresarios a nivel nacional dice que no ha participado y no lo haría en política. En las regiones el 33% piensa que no lo haría nunca, fundamentalmente por un posible daño reputacional, represalias, problemas judiciales o alto costo económico.
Como reflejan estas estadísticas, resulta paradójico escuchar muchas veces a empresas que declaran enfáticamente que desean mantenerse alejadas de la política. Incluso las empresas más apáticas con la política ejercen esta actividad en su día a día: la política corporativa y la política gremial son muchas veces tanto o más complejas que la política gubernamental o de Estado.
En los últimos años los empresarios peruanos nos concentramos fundamentalmente en lo que corresponde al fortalecimiento de los negocios, manteniendo el paradigma tradicional de la generación de empleo y producción, como el rol de contribuir al desarrollo del país.
Sin embargo, el concepto de empresa ha cambiado en las últimas tres décadas y hemos pasado de considerarnos un vehículo para el enriquecimiento a una visión más crítica y acorde a un mundo cambiante. Hoy las empresas son herramientas para dar solución a los asuntos ambientales, las necesidades de cierre de brechas sociales e igualdad de oportunidades. Esto nos obliga a conceptualizar con claridad a la empresa como el camino para satisfacer las necesidades de las personas y sociedad.
El rol del empresariado para fortalecer la democracia no es solo una mirada orientada al “hacer”, también es un imperativo de “no hacer”. Sería tapar el sol con un dedo negar que muchas veces las empresas han sido corruptoras del Estado a fin de lograr beneficios económicos. Esa mirada no solo es inaceptable en términos de ética y moral, también es insostenible en el mediano y largo plazo en términos económicos, de gobernanza y de institucionalidad.
Bajo esta mirada de promover la democracia, hace falta ser sistémicos para que las intervenciones no sean pasajeras, sino que logren un verdadero impacto estructural y cultural aquí en Arequipa, la región sur y en todo el país.
No basta solo mirar, ¡es momento de actuar!