Un nuevo atentado afecta a infraestructura pública y privada en el país. Ya suman 15 torres de alta tensión dinamitadas en la región La Libertad. Según las primeras investigaciones, mineros informales estarían detrás de estos ataques que siembran el terror entre los sectores productivos del país.
Lo paradójico es que estos ataques ocurren a pesar que esta zona fue declarada en estado de emergencia ante la ola de criminalidad. Esta situación ha motivado el llamado de autoridades y, empresarios y pobladores para que se tomen acciones más concretas para enfrentar los actos terroristas contra el aparato productivo del país.
Frente a este panorama también se esperan medidas legales más importantes. Algunas instituciones, como el Poder Judicial, ya iniciaron con acciones. Presentaron una propuesta de reforma legislativa que apunta a incrementar la detención por flagrancia a 72 horas y la detención preliminar por 15 días por delitos como robo, extorsión, sicariato, secuestro, entre otros. Hablamos precisamente de aquellos que aparecen en los titulares de los principales medios de comunicación todos los días.
Urge además que se precisen mejoras en el ámbito normativo. El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, mostró su preocupación porque la Unidad de Flagrancia tenga resultados. Y es que no puede ser posible que, de más de 20 mil detenciones realizadas, apenas 400 pasaron a investigarse por delito flagrante. Se trata de un número mínimo comparado con las cifras de criminalidad en el Perú.
Veremos qué acciones más realiza el Gobierno. La seguridad ciudadana lo necesita.
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