Existe un límite entre la posibilidad de reclamar por nuestros derechos frente a las sanciones que podemos tener por cometer diversas faltas en nuestro proceder diario. Sin embargo, cabe preguntarse qué es lo que sucede cuando a pesar de no cumplir con las normas, exigimos para nosotros alguna prerrogativa y terminamos inclinando la balanza de manera irregular.
Esto sucede con el exministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Castillo, Juan Silva Villegas, quien está prófugo de la justicia porque sobre él pesa una orden de captura a nivel internacional por actos de corrupción vinculados al caso Puente Tarata, y pide le respeten el pago de sus servicios como docente.
Las investigaciones señalan que fue uno de los hombres clave en el aparato organizado desde Palacio de Gobierno para obtener diversos beneficios a costa del erario público.
Silva Villegas también era docente antes de formar parte del gabinete ministerial de Pedro Castillo. Tras la caída de su líder pasó a la clandestinidad dejando abandonada su plaza de director que había conseguido meses antes.
Lo peor viene tras informes periodísticos difundidos el último fin de semana los cuales señalan que el exministro, mediante documentos, solicita que no se le suspenda de la labor docente y así seguir ganando.
Aquí ya vemos un nulo interés en colaborar con la justicia y por el contrario exigir beneficios a pesar de encontrarnos en falta. A esto hemos llegado en algunos sectores del aparato estatal donde prevalecen los intereses personales sobre el bien común de la ciudadanía.
Esta situación pone contra las cuerdas a nuestras autoridades. Se necesitan más esfuerzos si queremos evitar que nuevos Juan Silva Villegas aparezcan en el espectro político.
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