Han pasado dos meses  desde la instalación del nuevo congreso bicameral y el Perú sigue esperando respuestas concretas. Mientras la inseguridad ciudadana crece, el fenómeno de el Niño amenaza con golpear a distintas regiones y millones de peruanos reclaman soluciones, el Congreso parece haber convertido buena parte de su agenda en una permanente confrontación con el Poder Ejecutivo.

No se trata de negar la función fiscalizadora del Parlamento. El control político es necesario en una democracia. Interpelar ministros, investigar irregularidades y exigir explicaciones forma parte de sus atribuciones. Pero fiscalizar no puede convertirse en una excusa para paralizar al Estado.

Los hechos muestran una intensa disputa alrededor del pedido de facultades legislativas del Gobierno. El Ejecutivo solicitó delegación para legislar durante 120 días y el Congreso ha exigido precisiones y delimitaciones, especialmente en materias que van más allá de seguridad ciudadana y El Niño.
El problema aparece cuando la confrontación política termina desplazando lo fundamental: legislar para resolver los problemas del ciudadano.

El Perú no necesita un Congreso dedicado exclusivamente a demostrar quién tiene más poder. Necesita parlamentarios capaces de ponerse de acuerdo en seguridad, empleo, salud, educación, infraestructura, inversión y prevención frente a los desastres naturales.

También es necesario decir algo más: el Congreso sí ha aprobado leyes durante 2026, pero corresponde al anterior  grupo parlmentario que finalizó en sus funciones el 27 de julio. El registro oficial incluye diversas normas promulgadas.  Pero la pregunta relevante es otra: ¿el actual Congreso está produciendo las reformas que el país necesita con la urgencia que exige la situación nacional?
Ahí está el verdadero debate.

Una democracia funciona cuando el Ejecutivo gobierna y el Legislativo legisla y fiscaliza. Pueden discrepar, incluso duramente, pero tienen que ser capaces de encontrar acuerdos cuando están en juego la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

Porque mientras los políticos se enfrentan en Lima, el ciudadano común no vive de interpelaciones, mociones ni discursos. Vive de si puede salir a trabajar sin ser víctima de un asalto, si su negocio puede funcionar sin pagar extorsiones, si sus hijos pueden estudiar seguros y si el Estado estará preparado cuando lleguen las lluvias y las inundaciones.

El Congreso tiene derecho a cuestionar al Gobierno. El Gobierno tiene la obligación de escuchar al Congreso. Pero ninguno de los dos tiene derecho a olvidar al país.

Por otro lado, negar o postergar el debate parlamentario para delegar funciones legislativas al Poder Ejecutivo, no tiene sentido. Los anterioes congresos lo han hecho ante Castillo, Sagasti, Humala, etc. Ahora, quien pide es Keiko Fujimori, la negativa más parece un obstruccionismo al Poder Ejecutivo.

El Perú no necesita una guerra permanente entre poderes. Necesita resultados. Y la responsabilidad de producirlos corresponde tanto al Ejecutivo como al Legislativo.