Analizar las consecuencias de Perú con Sánchez de presidente demandaría muchas páginas por lo que concentraré un brevísimo análisis en temas económicos y constitucionales.

El 28 de julio juramentará el décimo presidente peruano, en 10 años, reflejándose la grave crisis política, social y cultural que vive el país. Curiosamente esta crisis no ha primado en la vida de los peruanos, porque la inflación y devaluación que tenemos son muy bajas, debido al fortalecimiento económica y financiera del país, trabajado durante el presente siglo. Por ejemplo, en el año 2000 las exportaciones sumaron 7500 millones de dólares y este año deben llegar a los 108 mil millones de dólares, como consecuencia de las explotaciones en minería, agroindustria y pesquera, desarrollados con la inversión privada y amparados por la vigente constitución y la independencia del BCR.  

Para el candidato Sánchez hay que cambiar la Constitución y en cuanto al BCR declaró en marzo último, que “Julio Velarde no nos representa. Nosotros, en nuestro primer día de gobierno lo vamos a echar porque es una vergüenza. Sólo ha gobernado para tener contentos y felices a las empresas transnacionales, a sus dueños, amos y a una élite en el Perú”. 

El último domingo su representante Pedro Franke dijo, que Sánchez respetará el orden fiscal, la autonomía del BCR y la continuidad de Julio Velarde. Todas las mentiras valen para sumar votos.  

La importancia de la vigente constitución es que sustenta la solidez económica del país.  Recientemente Sánchez declaró en radio Exitosa que “la presencia de Humala Tasso en la campaña política se explica en el interés común de tener una nueva constitución”. Anteriormente ya alegaron la necesidad de una nueva constitución para nacionalizar empresas mineras, agroindustriales y pesqueras, sustituyendo a los empresarios privados por el estado; además, nacionalizar las empresas de servicios de electricidad, comunicaciones y combustibles, disponiendo la dependencia del BCR del Poder Ejecutivo, el nombramiento de jueces y fiscales por el pueblo, la composición del Congreso con representantes directos de sindicatos, universidades y comunidades del Ande. Modificaciones que generarían el colapso económico, como en Cuba y Bolivia.

Sánchez es un candidato que utilizó 12 años para graduarse de psicólogo en la Universidad de San Marcos y recién cuando tuvo 36 años declaró tener actividad laboral. Actualmente es congresista y ha apoyado leyes que amparan a los mineros ilegales, pero nunca presentó algún proyecto que comience a solucionar, por ejemplo, el gravísimo problema de la dispersión estudiantil en el Ande y la Amazonía, que origina la existencia de 52 mil escuelas públicas con un promedio de 24 estudiantes por escuela. El voto del pueblo lo decidirá.