La decisión del Gobierno del Perú de repatriar a ciudadanos varados en Bolivia mediante vuelos humanitarios responde a una obligación básica del Estado: proteger a sus nacionales en situaciones de riesgo. Los bloqueos prolongados de carreteras, derivados de la crisis social en ese país, han dejado a decenas de peruanos sin posibilidad de retorno por vía terrestre, expuestos a precariedad y desinformación.
Según informó la cónsul adjunta Carmen Silva, cerca de 78 compatriotas han sido identificados en distintas regiones bolivianas. Ante este escenario, la embajada y los consulados activaron un plan de atención humanitaria que prioriza alojamiento y alimentación, especialmente para personas en condición de mayor vulnerabilidad. Esta respuesta inicial es clave para evitar que una crisis externa se convierta en una tragedia humana.
El trabajo consular, muchas veces invisible, adquiere relevancia en contextos como este. La articulación entre misiones diplomáticas y entidades del Estado permite coordinar soluciones logísticas complejas, como los vuelos humanitarios, sin exponer a los ciudadanos a mayores riesgos. La cautela en los traslados no es demora, sino prevención frente a un entorno social inestable.
Este episodio deja una lección importante: la política exterior no solo se mide en discursos o acuerdos, sino en la capacidad de reacción ante emergencias concretas. Garantizar un retorno seguro es una acción mínima, pero esencial, que refuerza la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. En tiempos de crisis, la presencia efectiva del Estado marca la diferencia.
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