El Perú es como un gran volcán en erupción, siempre hay hechos importantes que analizar y exponer. Especialmente en las 7 últimas décadas, tiempos en los que la población rural del país se redujo del 70 al 20 %, originándose que ciudades como Lima y Arequipa se multipliquen 14 y 9 veces, respectivamente.
Cambios que generan problemáticas complejas y diversas, especialmente porque los gobernantes de turno mantuvieron políticas centralistas, olvidando las diversidades culturales, raciales, geográficas y hasta climáticas de nuestro querido Perú.
Por eso ahora somos campeones mundiales para cambiar presidentes, para incrementar la criminalidad y mantener índices de desnutrición infantil; sin obviar nuestras 50 mil escuelas rurales con un promedio de 24 alumnos y dos profesores en cada una de ellas.
Detallando algunos aspectos de lo dicho, el 10 de octubre los congresistas mandaron a su casa a la presidenta Dina Boluarte, llevándose 11 acusaciones fiscales en su pesada mochila.
Y hablando de congresistas, sus 130 integrantes tienen 4 % de respaldo popular, por ser uno de los más nefastos e inmortales de nuestra historia. A la fecha, 6 de ellos merecieron condenas por diversos delitos. Freddy Díaz Monago, por ejemplo, recibió 18 años de cárcel por violar a una de las trabajadoras, en el Congreso. Y el líder comunista Guillermo Bermejo está condenado a 15 años por actos vinculados a Sendero Luminoso. Pero sumemos a ellos, otros 41 congresistas que ha denunciado el Ministerio Público por diversos delitos.
Un Congreso que también dio leyes que favorecen la delincuencia y aprobó 38 beneficios tributarios que generan pérdidas por 50 mil millones de soles al erario nacional. Los anacrónicos códigos penal y procesal penal permitieron que el 98 % de los ciudadanos que arrestó la policía en el 2024, sigan sembrando la violencia en las calles. Promulgar nuevos códigos, priorizando el bienestar del pueblo, es otro gran pasivo del congreso.
El 5 de setiembre el congreso aprobó la ley 32451 para sancionar a quienes activan ilegalmente teléfonos móviles. Esto es, a quienes venden chips por escasas monedas que utilizan las bandas de extorsionadores para que la policía no los identifique. Ley que debería enriquecerse para que gerentes y empleados de las empresas telefónicas sufran condenas ejemplares por permitir que se vendan miles de chips en las calles, sin respetar las leyes.
Desde ayer está vigente la ley 32490 que establece penalidades para la extorsión y sicariato que agravia a los transportistas. Ahora faltan los nuevos códigos y leyes pertinentes, para que los delitos de asesinato, sicariato, chantaje, usura y robo se tramiten y sentencien en días. No en años. Quizá el señor José Jerí los ilumine y los ponga a trabajar por el pueblo.
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