El reciente escándalo sobre una presunta red de prostitución dentro del Congreso ha puesto en evidencia serias irregularidades en la contratación de personal. Las declaraciones del congresista Carlos Zeballos al programa Ocurre ahora, de ATV, niegan la existencia de pruebas concluyentes sobre una red organizada, pero sí admiten la incorporación de trabajadores sin cumplir los requisitos para sus cargos. A esto se suma la destitución de Jorge Torres Sarabia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, quien tenía antecedentes de conducta inapropiada y denuncias previas por agresiones sexuales.
Las investigaciones, impulsadas por la denuncia periodística de Beto Ortiz, sugieren que algunas de estas contrataciones estarían vinculadas a favores políticos a cambio de servicios sexuales. Sin embargo, el abogado penalista Juan Uchuya, quien analizó las evidencias en el marco de la Comisión de Fiscalización, señaló que si bien hubo contrataciones irregulares, no existen pruebas contundentes de una red de prostitución dentro del Congreso. Las publicaciones de ciertas funcionarias en plataformas de contenido para adultos, como OnlyFans, se han considerado parte de su vida privada y no un impedimento para ejercer funciones públicas.
Más allá de la controversia mediática, este caso refleja un problema más profundo: la opacidad en la gestión del Parlamento y la falta de controles en la contratación de personal. La muerte de la abogada Andrea Vidal, cuyo asesinato detonó la investigación, sigue sin esclarecerse, dejando en manos del Ministerio Público la responsabilidad de determinar la verdad y establecer las responsabilidades. Lo cierto es que este episodio ha sembrado una vez más dudas sobre la ética y la transparencia dentro del poder legislativo.
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