Este Congreso pasará a la historia como uno de los más desaprobados y cuestionados de las últimas décadas. Lejos de responder a las principales demandas de la población, dedicó buena parte de su gestión a disputas políticas, cambios de bancada, enfrentamientos y la aprobación de normas que diversos especialistas e instituciones han cuestionado por debilitar la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. En sus últimos días, pretende aprobar una extensa agenda legislativa con decenas de proyectos, varios de ellos sin el debate profundo que una democracia exige.
Mientras la inseguridad ciudadana se convirtió en la mayor preocupación de los peruanos, los hospitales continuaron colapsados, la educación enfrenta enormes desafíos y el fenómeno de El Niño amenaza con afectar gravemente la economía nacional, el Parlamento priorizó iniciativas alejadas de esas urgencias.
A ello se suma la defensa del trabajo remoto durante gran parte del periodo legislativo, pese a que millones de peruanos acudían diariamente a sus centros laborales. Si bien algunos congresistas mantuvieron una labor presencial y constante, fueron pocos frente a una institución que terminó proyectando una imagen de privilegio y desconexión con la ciudadanía.
Especial preocupación generan las llamadas “leyes procrimen”, como han sido calificadas por diversos expertos y operadores del sistema de justicia, al considerar que algunas reformas dificultan la persecución penal y favorecer la impunidad. En un contexto donde las extorsiones, el sicariato y las organizaciones criminales golpean diariamente al país, el Estado necesita fortalecer sus instituciones y no generar dudas sobre la eficacia de las herramientas legales para combatir el delito.
El próximo Congreso es bicameral y tiene la obligación de recuperar la confianza perdida, pero esa tarea también depende de los ciudadanos. El voto debe ser más responsable y menos emocional. El Perú necesita representantes que trabajen de manera transparente, legislen pensando en el interés nacional y comprendan que un cargo público es un servicio, no un privilegio. Ojalá esta legislatura quede como una lección de lo que nunca más debería repetirse en la política peruana.
