El mundo se prepara para enfrentar, hacia el año 2035, un problema que podría convertirse en una enorme oportunidad para el Perú. La Agencia Internacional de Energía advierte que, considerando las minas existentes y los proyectos actualmente anunciados, el mercado mundial podría mantener en 2035 una brecha de aproximadamente 25 % entre la oferta minera proyectada y las necesidades de cobre. La razón es sencilla: las redes eléctricas, los vehículos eléctricos, los centros de datos, las energías renovables y otras tecnologías requieren grandes cantidades de este metal.

Arequipa, Apurímac, Cusco y Moquegua concentran algunos de los proyectos cupríferos que pueden adquirir enorme importancia durante la próxima década. No estamos diciendo  de posibilidades geológicas, sino de proyectos concretos que ya forman parte de la cartera minera del país.

En Arequipa, por ejemplo, Tía María avanza hacia su puesta en operación. Southern Copper proyecta una capacidad de aproximadamente 120 mil toneladas anuales de cobre refinado. La empresa informó que el proyecto tiene un avance de 48% en su etapa de construcción.

Zafranal constituye otro proyecto de gran importancia. En febrero de 2026, el Ministerio de Energía y Minas aprobó su estudio de factibilidad y un cronograma de inversión por aproximadamente $1263 millones.
En Apuríma está Los Chancas, proyecto de cobre y molibdeno, contempla una inversión estimada de $2600 millones y una producción proyectada de 130 mil toneladas de cobre al año. Sin embargo, su desarrollo enfrenta dificultades relacionadas con la presencia de minería ilegal dentro del área del proyecto.

Y existe una segunda dimensión que no debería perderse de vista: la exploración.
El gran error sería pensar que el futuro minero del Perú depende únicamente de las minas que ya conocemos. Una verdadera política de Estado debería incentivar la búsqueda de nuevos yacimientos. En la cartera de exploración aparecen proyectos de cobre en Apurímac, Cusco, Moquegua, Arequipa y Puno, entre otras regiones.
Puno, por ejemplo, registra una importante inversión potencial en exploración minera, mientras que Apurímac, Arequipa, Cusco y Moquegua también aparecen entre las regiones con actividad exploratoria. Eso significa que debajo de nuestros Andes todavía puede existir una riqueza mineral que no ha sido completamente identificada.

Cusco ofrece otro ejemplo. El proyecto Integración Coroccohuayco, vinculado a Antapaccay, recibió en mayo de 2026 la aprobación de una modificación de su estudio de impacto ambiental, con una inversión estimada de $1800 millones.
La oportunidad, por tanto, es enorme. Pero también lo es el desafío.
No basta con tener cobre debajo de la tierra. Hay que convertir ese recurso en inversión, empleo, infraestructura, impuestos y desarrollo regional. Y para conseguirlo se necesita algo que al Perú le ha faltado durante décadas: una política minera de largo plazo.

El Estado debe acelerar responsablemente los procesos de evaluación y permisos, combatir la minería ilegal, garantizar seguridad jurídica, mejorar carreteras, puertos, energía y agua, y establecer mecanismos de diálogo con las comunidades.
Pero las empresas también tienen obligaciones: cumplir rigurosamente las normas ambientales, mantener relaciones transparentes con las poblaciones de sus áreas de influencia y demostrar que la minería moderna puede convivir con otras actividades económicas.

El Perú ya es uno de los grandes productores mundiales de cobre. Sin embargo, si el mundo efectivamente enfrenta una brecha de suministro hacia 2035, quedarse únicamente con las minas que actualmente producen sería desperdiciar una oportunidad histórica.

El sur peruano tiene territorio, tradición minera, infraestructura que puede ampliarse y, sobre todo, potencial geológico.
Lo que falta es convertir ese potencial en una estrategia nacional.