El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por Cerrón y anuló la orden de prisión preventiva de 24 meses que pesaba en su contra. La decisión obliga al Poder Judicial a imponer medidas alternativas para garantizar su presencia en los procesos, como restricciones de movilidad o comparecencia periódica. Cerrón, quien permaneció más de tres años en la clandestinidad, celebró la resolución como un triunfo frente a lo que calificó de persecución política.

La libertad de Cerrón podría favorecer a su partido Perú Libre, que busca reposicionarse tras la caída de Pedro Castillo y la salida de Dina Boluarte. Su presencia activa en la política puede revitalizar a la izquierda socialista y atraer a simpatizantes desencantados con el sistema. Sin embargo, también puede perjudicar a sectores moderados y opositores que ven en él un símbolo de corrupción y radicalismo, lo que podría polarizar aún más el escenario político peruano.

Es importante recalcar que la anulación de la prisión preventiva no equivale a una absolución. Cerrón sigue siendo investigado por presunta organización criminal y lavado de activos en el caso “Los dinámicos del centro”, relacionado con la emisión irregular de licencias de conducir en Junín. Además, enfrenta procesos vinculados al aeródromo Wanka y a contratos cuestionados durante su gestión como gobernador regional.

Mientras sus seguidores celebran la medida como un acto de justicia, críticos advierten que su libertad podría facilitar la obstrucción de los procesos en curso. El desenlace dependerá de cómo el Poder Judicial logre imponer medidas efectivas que aseguren su participación en los juicios sin que ello implique impunidad.