Opinión

Eduardo Salhuana y el irrespeto a un fallo judicial

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El momento de deterioro que atraviesa nuestro país no tiene antecedente similar en la historia de la república. Ni siquiera en episodios dictatoriales se ha llegado a un nivel de sumisión o complicidad de parte del Congreso o de los miembros del Ejecutivo. A la fecha no existen “líderes” de la oposición que confronten las barbaridades de Dina Boluarte y, peor aún, no existe una oposición como tal sino un sistema de conveniencia y complicidad. En el mismo Congreso de la República las discusiones son muy chabacanas y no se puede hablar de disputas ideológicas. Ministros que han demostrado una clamorosa incapacidad siguen al frente de sus sectores con la seguridad de saber que los congresistas, vaya usted a saber por qué razones, no van a plantear nada contra ellos.

Pero hay un episodio, como ninguno, que grafica de modo sin igual el extraordinario y lamentablemente momento que atraviesa el Perú. Lo ha protagonizado el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, en reciente entrevista con el diario El Comercio. Salhuana ha dicho, respecto al prófugo de la justicia Nicanor Boluarte, que este tiene derecho a preservar su libertad. Es decir, con sus declaraciones justifica un acto ilegal que tiene que ver con un individuo que se niega a acatar una resolución judicial. Lo dice alguien que es presidente del Congreso y que ha sido ministro de justicia. Una cuestio clamorosa que permitirá, a partir de ahora, que al menos verbalmente cualquier delincuente ante un fallo en primera instancia diga que tiene derecho a preservar su libertad en tanto no haya un fallo definitivo. Vladimir Cerrón y otros corruptos deben estar celebrando esta frase infeliz del presidente del Congreso.

¿Nos debe llamar la atención? Creo, lamentablemente, que no. El Perú está padeciendo el peor elenco político de su historia, es decir que lo peor que nos podría haber pasado ha llegado a puestos de dirección (El Ejecutivo) y representación (El Congreso). Hace ya cerca de cuatro años decía que un Congreso con decenas de parlamentarios investigados por la Fiscalía, simplemente no era viable, y el tiempo, esa dimensión que pone todo en su lugar, me está dando la razón. Padecemos un Congreso que se burla de la ley, que se zurra en ella, que no sanciona ni separa a quienes delinquen y que, en la práctica, se ha convertido en cómplice del Ejecutivo. 

Por ahora solo queda evidenciarlos. Luego será el momento en que tendrán que ser sancionados. Será la única manera en que no se vuelva atravesar por un proceso similar.

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