El pasado jueves 07 de marzo, nuestro Congreso ha dado uno de los golpes más fuertes a la ya débil institucionalidad democrática. Luego de un juicio político sumario, en el que prácticamente todos los actores dieron su opinión por adelantado, el pleno del Congreso inhabilitó por 10 años de toda función pública a dos de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Queda pendiente el voto de la inhabilitación al presidente de la JNJ. Lo que el Congreso viene haciendo en cada accionar es acrecentar la idea de que ya no vivimos en democracia, en la que se deben respetar las leyes y las normas. Me reafirmo en la idea de que lo que tenemos es una dictadura de las mayorías: el grupo (derecha o izquierda) que más votos tenga siempre será el que tenga la razón, por más que esta razón sea ilegal e inconstitucional.
Este concepto de dictadura de las mayorías se considera una crítica a los sistemas democráticos, donde el principio de la mayoría absoluta conlleva a la opresión o el menosprecio de los grupos minoritarios. La preocupación central de la dictadura de las mayorías es que, aunque la democracia se base en la idea de la soberanía de la mayoría, este principio no debe infringir los derechos fundamentales de las personas que pertenecen a grupos minoritarios. En otras palabras, una democracia saludable no solo debe permitir la participación equitativa en el proceso de toma de decisiones, sino también proteger los derechos humanos y las libertades individuales de todos sus ciudadanos, independientemente de que sean parte de la mayoría o de alguna minoría.
Para mitigar los efectos de la dictadura de la mayoría, muchas democracias adoptan principios de la democracia representativa, establecen leyes de derechos fundamentales que protegen a las minorías y diseñan sistemas de frenos y contrapesos que limitan el poder de la mayoría. Además, la inclusión de mecanismos como la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la constitucionalidad y la protección de los derechos humanos son esenciales para prevenir el abuso de la mayoría sobre las minorías. Sin embargo, estos mecanismos de control han sido pervertidos por el actual Congreso, precisamente porque tienen la mayoría de votos para hacerlo, ¿quién fiscaliza al fiscalizador?, pues teóricamente el pueblo debería hacerlo; sin embargo, el pueblo está en otra.