El pleno del Congreso aprobó una nueva Ley de Organizaciones Políticas, donde prácticamente se excluye la participación de movimientos regionales para participar en las elecciones generales, regionales y locales, estableciendo que éstos grupos deberán inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) con una relación de adherentes del 5 % del electorado, es decir unas 700 mil firmas, aproximadamente.
Este porcentaje, que es demasiado alto, conlleva prácticamente a la desaparición de los grupos regionales. Esta norma tiene su pro y sus contras. Aquí el análisis.
Cuando Alberto Fujimori gana las elecciones en 1990, inició su mandato con minoría congresal y por ello dio golpe de estado el 5 de abril de 1992 instaurando un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, disolviendo el Congreso y neutralizó a sus opositores políticos. La idea era perpetuarse en el poder uno 30 años, como lo declaró a la prensa.
Dentro de su plan estaba desaparecer los partidos políticos existentes (se recuerda que persiguió a Alan García, quien pudo eludir de sus captores y asilarse en Colombia); luego crear partidos de “ocasión” como Cambio 90, Nueva Mayoría, Vamos Vecino, Perú 2000, Sí Cumple, Alianza por el Futuro, Fuerza 2001 que dio origen a Fuerza Popular, único vigente. Todos estos grupos financiados con dinero desconocido dirigidos por Vladimiro Montesinos.
Desde 1987 se discutía el proceso de regionalización en el Perú y en 1992 se crearon las regiones dando paso en los siguientes años a la creación de partidos políticos regionales para las elecciones regionales y locales.
Se presentó una gran oportunidad para los líderes regionales y llegar al poder; también la ocasión para los oportunistas, para la gente sin trabajo y para los corruptos para formar grupos regionales. Las estadísticas están ahí. Hay más de 25 ex presidentes regionales purgando prisión, otros con sentencia a prisión suspendida, como por ejemplo: (Goyo Santos, Cajamarca; Juan Manuel Guillén, Arequipa; César Villanueva, San Martín, Alex Kouri, Félix Moreno, ambos del Callao; César Álvarez Ancash; Jorge Acurio, Cusco; Walter Adurivi, Puno; Vladimir Cerrón, Junín; Wilfredo Oscorima, Ayacucho; Ricardo Flores, Tumbes; Humberto Acuña, Lambayeque, entre otros más.
Existe igual número de exalcaldes sentenciados o comprendidos en investigación fiscal por delitos de corrupción. En conclusión, la Ley que posibilitó la formación de partidos regionales es un rotundo fracaso, con contadas excepciones.
En las últimas elecciones regionales ganaron mayoritariamente los grupos regionales en detrimento de los grupos políticos nacionales. Pero, no hay más, por los antecedentes de corrupción y porque estos grupos sólo aparecen para las elecciones. Los gobernadores y alcaldes no tienen que rendir cuentas a nadie de su grupo, por ello tienen carta blanca para hacer y deshacer en su gestión.
Se espera que con la nueva ley se fortalezca a los partidos políticos nacionales, donde un ciudadano que desea postular debe estar inscrito en sus padrones. Lo malo es que volverán las cúpulas de poder partidario, quienes a dedo elegirán a los candidatos.