La anulación de las elecciones primarias de Acción Popular por parte del Jurado Nacional de Elecciones vuelve a poner en evidencia las debilidades estructurales de la democracia interna en los partidos políticos peruanos, un problema recurrente en cada proceso electoral.
La resolución del JNE no cuestiona preferencias políticas ni resultados ideológicos, sino la legalidad del procedimiento. Las irregularidades detectadas en la conformación del cuerpo electoral afectan un principio básico: solo pueden votar quienes fueron válidamente designados como delegados.
El fallo también deja una lección institucional relevante. La democracia interna no es un trámite administrativo, sino un requisito constitucional cuya vulneración invalida todo el proceso, incluso cuando ya se encuentra avanzado dentro del calendario electoral oficial.
Al descartar la repetición de las primarias, el JNE prioriza la estabilidad del proceso electoral general, pero al mismo tiempo envía un mensaje claro a los partidos: sin reglas claras, padrones consistentes y control interno, no hay legitimidad política posible.
La decisión también reabre el debate sobre la responsabilidad de los órganos electorales internos de los partidos, que muchas veces operan sin controles efectivos y con escasa profesionalización, trasladando sus errores a instancias superiores del sistema electoral.
Asimismo, el caso evidencia los límites del control posterior. Cuando las irregularidades se detectan tarde, las opciones de corrección se reducen, generando costos políticos y debilitando la confianza ciudadana en las organizaciones partidarias.
De cara a las Elecciones Generales 2026, el mensaje es inequívoco: la solidez del sistema democrático no depende solo del voto ciudadano, sino de partidos capaces de cumplir sus propias reglas y garantizar procesos internos legítimos.
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