El pasado 24 de agosto, organizaciones indígenas alertaron sobre el supuesto asesinato de Américo Pascual Tumisha, exjefe de la comunidad nativa Onconashari, en Yurúa, Ucayali. La noticia movilizó a autoridades y defensores, pero días después se confirmó que el dirigente estaba con vida.

El caso de Tumisha, aunque descartado como homicidio, pone de relieve la presión que enfrentan las comunidades indígenas por la presencia de invasores dedicados a la extracción ilegal de recursos como la copaiba. La Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) subrayó que la alerta inicial refleja la alta vulnerabilidad de las comunidades, donde la falta de acceso y la violencia de mafias generan temor permanente. 

En contraste, el asesinato del apu kichwa Quinto Inuma, ocurrido el 29 de noviembre de 2023 en San Martín, sí fue confirmado y juzgado. Inuma fue emboscado por mafias de tala ilegal mientras viajaba en una embarcación con su familia. El Poder Judicial condenó a cuatro responsables con penas de entre 15 y 35 años de cárcel, incluyendo a Genix Saboya y Limber Ríos, sentenciados como coautores de sicariato. La sentencia fue saludada por la ONU como un avance contra la impunidad en crímenes contra defensores indígenas.

La Amazonía peruana enfrenta una amenaza constante de mafias que buscan depredar sus recursos naturales. Casos como el de Tumisha y el asesinato de Inuma muestran la urgencia de fortalecer la protección estatal hacia los líderes indígenas. El Gobierno debe garantizar seguridad efectiva, implementar mecanismos de alerta temprana y sancionar con firmeza a quienes atentan contra la vida de los defensores ambientales. Proteger a quienes protegen la Amazonía es una obligación ética y política que no puede seguir postergándose.