En recientes declaraciones a la prensa, el vocero presidencial, Fredy Hinojosa, señaló que cualquier persona que convoque a marchas durante los días del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) es un “traidor a los intereses de la patria”. Hinojosa destacó la importancia del evento, mencionando que el Perú estará en el centro de la atención internacional y recibirá a representantes de las economías más poderosas del mundo. Además, el presidente del Consejo de ministros, Gustavo Adrianzén, respaldó estas declaraciones y enfatizó que las paralizaciones no solucionan nada y que no debemos dar una mala imagen ante nuestros ilustres visitantes extranjeros.
Al parecer, ambos personajillos de la actual política nacional olvidan el derecho legítimo y constitucional a la protesta que tenemos todos los peruanos. Nuestra Constitución Política, en su artículo 2, inciso 12, garantiza el derecho a reunirse pacíficamente sin armas. Este derecho es fundamental en una democracia, ya que permite que los ciudadanos expresemos nuestras demandas y descontentos de manera pública y colectiva. El derecho a la protesta es una herramienta esencial para la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos. A lo largo de la historia, las protestas han sido un medio efectivo para lograr cambios sociales y políticos significativos. Desde la lucha por la independencia, pasando por las protestas civiles a favor de los derechos de las mujeres, hasta las recientes movilizaciones por derechos laborales y ambientales, las protestas han jugado y seguirán jugando un papel crucial en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, y en el fortalecimiento de la ciudadanía. Hasta cierto punto podría ser comprensible que el gobierno busque mantener el orden y la seguridad durante un evento internacional de la magnitud del APEC; sin embargo, esto no justifica la criminalización de la protesta ni la descalificación de quienes ejercen su derecho constitucional, acusándolos de uno de los delitos más graves: nada más y nada menos que traición a la patria. Es importante encontrar un equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales.
El diálogo y la negociación deben ser las herramientas principales para abordar las preocupaciones de los ciudadanos y evitar conflictos, lamentablemente el régimen de Boluarte ha claudicado a esta alternativa; por el contrario, se ha recurrido a la estigmatización de los manifestantes: hace unas semanas se les llamaba “terroristas”, ahora quienes están en contra del régimen y de su inacción ante la creciente inseguridad ciudadana son llamados “traidores a la patria”; todo ello no hace más que exacerbar las tensiones y generar un mayor clima de confrontación.
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