Hay hechos que obligan a preguntarnos en qué momento la violencia deja de ser una conducta aislada y se convierte en una expresión de crueldad. El caso investigado en el liceo naval Almirante Guise, donde un adolescente denunció una agresión sexual cometida presuntamente por compañeros, estremece.
Pero no es un hecho aislado. En Arequipa, dos recientes sentencias judiciales muestran otra dimensión de esta violencia: Alfredo Huanca C. recibió 27 años de prisión por delitos sexuales contra dos menores, mientras que Royner Pilco H. fue condenado a 35 años por abusar sexualmente de su hija.
Tres historias diferentes, pero atravesadas por una misma pregunta: ¿qué estamos haciendo para impedir que los niños y adolescentes sean víctimas de quienes deberían respetarlos? La violencia sexual no aparece de repente; muchas veces crece entre silencios, indiferencias y adultos que prefieren no mirar.
En el caso del liceo naval, la investigación todavía debe determinar responsabilidades. Pero, resulta legítimo exigir que el proceso avance con absoluta imparcialidad, incluyendo apellidos, influencias o posición económica.
También debemos ser cuidadosos con una idea peligrosa: que por tratarse de menores, cualquier conducta queda protegida detrás de la edad. La legislación contempla un sistema especial para adolescentes, pero eso no significa ausencia de responsabilidad. Protegerlos no significa invisibilizar los derechos de la víctima.
Las sentencias dictadas en Arequipa recuerdan, además, que detrás de cada expediente existe una persona cuya vida puede quedar marcada para siempre. Una condena puede representar justicia, pero ninguna sentencia devuelve la infancia arrebatada, elimina el miedo ni borra las consecuencias emocionales de una agresión.
Por eso, el verdadero desafío no termina en los tribunales. Empieza mucho antes: en las familias que deben educar, en las instituciones que deben vigilar, en los colegios que deben prevenir y en una sociedad que tiene que enseñar que el cuerpo ajeno se respeta siempre.
