La política tiene límites, y uno de ellos es la justicia. En una democracia, ningún líder puede pretender que una opinión internacional sustituya las decisiones de los tribunales nacionales ni convertir una controversia jurídica en un motivo para llevar nuevamente al país a la confrontación.
El reciente pronunciamiento del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de las Naciones Unidas reaviva un debate que debe analizarse con serenidad y sin alimentar expectativas alejadas del marco legal.
Es importante explicar qué ocurrió. El grupo de trabajo de la ONU emitió una opinión en la que considera que la detención del expresidente Pedro Castillo fue arbitraria y recomienda su liberación. Sin embargo, como recordó el excanciller Javier González-Olaechea, este organismo no es un tribunal internacional, sus integrantes no son jueces y sus conclusiones no tienen carácter vinculante para el Estado peruano. Es decir, constituyen una recomendación que puede ser evaluada, pero no una sentencia que obligue a las autoridades judiciales a liberar inmediatamente al exmandatario.
Pese a ello, el excandidato presidencial Roberto Sánchez decidió convocar movilizaciones nacionales utilizando este informe como argumento político. El derecho a la protesta está reconocido por la Constitución y debe respetarse. No obstante, la experiencia reciente obliga a actuar con responsabilidad. El Perú ya ha vivido manifestaciones que terminaron con decenas de fallecidos, cientos de heridos, pérdidas económicas y una profunda fractura social. Convocar a las calles implica asumir también la responsabilidad por las consecuencias, aun cuando la intención inicial sea pacífica.
Más allá de las posiciones políticas sobre Pedro Castillo, el país necesita fortalecer el respeto por el estado de derecho. Los procesos judiciales deben resolverse en los tribunales y no en las plazas. La democracia se sostiene cuando las diferencias se canalizan mediante las leyes y no cuando la presión política intenta reemplazar las decisiones de los jueces. El Perú necesita menos confrontación y más instituciones capaces de generar confianza.
