La destitución de Delia Espinoza como fiscal de la Nación no solo marca el final de un proceso disciplinario, sino que deja al descubierto una crisis más profunda en el respeto a las reglas institucionales. En este caso, no se puede pasar por alto un hecho central: Espinoza fue elegida conforme a los mecanismos vigentes, y aun así su autoridad quedó atrapada en una disputa de poder que terminó debilitando al Ministerio Público ante la mirada ciudadana.
El problema de fondo es sencillo de explicar. La Junta Nacional de Justicia ordenó la reposición de Patricia Benavides y esa decisión no se ejecutó de inmediato. No era una opinión ni una sugerencia política, sino una orden formal. Pero también es cierto que el sistema ignoró que Espinoza ejercía un cargo obtenido legítimamente. Cuando las instituciones se enfrentan sin reglas claras, el resultado no es justicia, sino desorden.
Más grave aún fue la forma en que se manejó el conflicto. La demora, la exposición mediática y la concentración de personal fiscal en los pasillos del Ministerio Público proyectaron una imagen de confrontación abierta. Lejos de fortalecer la autonomía fiscal, ese episodio transmitió improvisación y uso político del conflicto, afectando la credibilidad de una institución clave para el Estado de derecho.
Este caso deja una lección incómoda: la autonomía no puede convertirse en desobediencia, pero tampoco puede desconocerse la legitimidad de una autoridad elegida. Cuando una institución impone su poder sin reconocer los procedimientos previos, y la otra responde dilatando decisiones, ambas erosionan la legalidad. El respeto a la ley no puede ser selectivo ni oportunista.
La salida de Delia Espinoza cierra un capítulo, pero no resuelve el problema estructural. El país necesita instituciones que se respeten entre sí y autoridades que entiendan que el poder se ejerce cumpliendo la ley, incluso cuando resulta incómoda. Cuando eso no ocurre, el daño no es personal: es a la democracia y a la confianza ciudadana.
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