La reelección inmediata de alcaldes está prohibida, pero algunas estrategias electorales parecen buscar la manera de mantener el poder municipal por otra vía. Las renuncias de candidatos y la presencia de burgomaestres en ejercicio como primeros regidores han encendido una discusión que no puede reducirse a una simple maniobra electoral.

El proyecto presentado por el diputado Víctor Piñan, de Obras, plantea impedir que los alcaldes en funciones integren las listas al concejo municipal de la misma provincia o distrito donde gobiernan. La propuesta no alcanzará a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, porque el proceso ya está en marcha, pero revela un problema que el legislador pretende cerrar: utilizar la sucesión municipal para conservar influencia política después de dejar formalmente el cargo.

La democracia no debería limitarse a preguntar si una candidatura cumple literalmente la ley. También debe preguntarse si respeta el espíritu de la alternancia y la voluntad ciudadana. Si un alcalde deja de postular directamente, pero queda estratégicamente ubicado para regresar al poder mediante una sucesión, estaremos ante una fórmula legal que puede terminar burlando el propósito de una prohibición constitucional. Por eso, el Congreso debe cerrar estos vacíos antes de que se conviertan en costumbre.

La política municipal necesita renovación, no estrategias para perpetuar grupos en el poder. Los aproximadamente 60 casos reportados como posibles “reelecciones encubiertas” deberían ser examinados con absoluta transparencia por las autoridades electorales, sin prejuzgar responsabilidades. El elector tiene derecho a conocer quién podría terminar gobernando realmente su municipio y decidir con toda la información. La ley debe ser clara, pero también debe impedir que la creatividad electoral termine convirtiendo la alternancia democrática en una simple ilusión.