La democracia exige algo más que participar en elecciones: obliga también a aceptar sus resultados cuando estos no nos favorecen. En un país tan polarizado como el Perú, donde millones de ciudadanos rechazan tanto a Keiko Fujimori como a Roberto Sánchez, resulta preocupante que el debate político se desplace del terreno de las propuestas al de la deslegitimación permanente del adversario y de las instituciones.

Es legítimo cuestionar procedimientos, presentar recursos y exigir transparencia. Para eso existen organismos electorales, mecanismos de impugnación y vías legales establecidas. Sin embargo, denunciar un supuesto fraude sin presentar pruebas concluyentes puede generar una peligrosa erosión de la confianza ciudadana. 

Más aún cuando el propio candidato que hoy cuestiona el proceso participó bajo las mismas reglas electorales desde el inicio de la campaña. Cambiar de postura cuando los resultados no acompañan las expectativas políticas es una práctica que termina debilitando la institucionalidad democrática.

Resulta llamativo que se pretenda desconocer el voto de los peruanos residentes en el extranjero. Son ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones que quienes viven dentro del territorio nacional. 

Si finalmente Keiko Fujimori resulta proclamada presidenta, deberá gobernar sabiendo que la mitad del país país no la respalda y rechaza su trayectoria política. Pero si Roberto Sánchez no logra revertir la diferencia de más de 40 000 votos que actualmente registra el conteo oficial, también tendrá la responsabilidad democrática de reconocer el resultado. La estabilidad del país no puede depender de quién gane una elección, sino del compromiso de todos con las reglas que aceptaron antes de que comenzara la competencia.