El empate entre Antonio Ortiz y Mariano González en el partido político Salvemos al Perú revela un aspecto poco discutido del sistema electoral: la posibilidad legal de definir una candidatura presidencial mediante sorteo público. Una regla válida, pero desconcertante.
El mecanismo, aunque previsto en la ley, expone la precariedad organizativa de algunos partidos y cuestiona su capacidad de construir consensos internos.
Un proceso que debería fortalecer la democracia termina decidido por azar, no por deliberación política.
En un contexto donde el país enfrentará elecciones con 37 candidatos, la solidez institucional de cada organización es clave para ofrecer propuestas viables. Cuando la improvisación domina, el votante recibe señales de desorden y falta de estructura.
Que la ONPE deba dirimir con una moneda evidencia la urgencia de partidos más formados, capaces de organizar primarias claras y competitivas. De lo contrario, la incertidumbre interna se trasladará al electorado y al propio sistema democrático.
Además, este episodio recuerda que la transparencia y la profesionalización electoral deben empezar dentro de las propias organizaciones políticas. No basta con pedir reglas claras al Estado si los partidos no logran garantizar legitimidad en sus procesos internos.
En tiempos en que la ciudadanía exige seriedad y coherencia, depender del azar para definir liderazgos no es un buen mensaje.
La democracia se sostiene con instituciones fuertes, no con bolillas ni monedas al aire.
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