El desborde del río Ocoña en Arequipa no es solo una emergencia climática: es una advertencia que se repite y el Estado llega tarde a ayudar. Cada año, cuando las lluvias se intensifican, el agua recuerda con crudeza que las zonas agrícolas y pobladas ubicadas en las riberas siguen expuestas, sin defensas suficientes y con autoridades que reaccionan cuando el daño ya está hecho.
Esta semana Mollebamba y otros anexos de Camaná, ven como el río avanzó sobre los cultivos de arroz, afectando directamente el sustento de decenas de familias. No se trata solo de pérdidas económicas, sino de la fragilidad en la que viven miles de productores que dependen de una sola campaña agrícola y que, ante una inundación, lo pierden casi todo. Las imágenes difundidas por los vecinos reflejan desesperación, pero también abandono.
El Senamhi fue claro al activar la alerta roja: un caudal cercano a los 1000 metros cúbicos por segundo no es un dato menor. Significa alto riesgo de desbordes, erosión y daños severos. Sin embargo, esta información técnica no siempre se traduce en acciones preventivas concretas. La vigilancia existe, pero la prevención estructural sigue siendo débil o inexistente.
Las autoridades locales, como el alcalde de Ocoña, Waldor Llerena Torres, piden maquinaria pesada para encauzar el río y reforzar las riberas. El problema es que estas solicitudes suelen llegar cuando el agua ya entró a los campos. La pregunta es inevitable: ¿por qué no se ejecutan obras de defensa ribereña antes de la temporada de lluvias, cuando el riesgo es previsible y recurrente?
El caso del río Ocoña revela una lección que el país aún no termina de aprender: la gestión del riesgo no puede basarse solo en la emergencia. Mientras no se invierta de manera sostenida en prevención, ordenamiento territorial y protección de las zonas productivas, cada crecida será una tragedia anunciada. El río no sorprende; sorprende que sigamos actuando como si lo hiciera.
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