El reciente altercado entre la congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz, y la periodista Marycielo del Castillo no es un simple exabrupto verbal. Es una muestra peligrosa del desprecio que algunos representantes del poder sienten por la prensa. La legisladora no solo profirió amenazas directas contra una reportera dentro del Congreso —el espacio que debería simbolizar la democracia—, sino que después, lejos de disculparse, se ufanó públicamente de no estar arrepentida.
El lenguaje violento usado por Alcarraz (“todavía sigues viva”) trasciende lo personal: revela una cultura política que considera la fiscalización como una agresión y la crítica como una ofensa. Cuando una autoridad amenaza a un periodista, amenaza también el derecho de toda la ciudadanía a estar informada. Y cuando lo hace dentro del Parlamento, el mensaje es aún más grave: el poder se siente intocable.
No es la primera vez que ocurre algo así, pero cada episodio erosiona un poco más la confianza en las instituciones. Muchos políticos olvidan que los votos no los convirtieron en dueños del Perú, sino en servidores públicos. Juraron representar a la gente, no humillarla. La prensa, guste o no, tiene el deber de preguntar, de fiscalizar y de revelar cómo se usa o se malgasta el dinero del Estado. Ningún cargo otorga el privilegio de callar a quien cumple ese deber.
El periodismo no está para agradar al poder, sino para recordarle sus límites. Cuando un periodista pregunta, no ofende: ejerce un derecho. Cuando una congresista amenaza, no se defiende: abusa del suyo. En tiempos donde la violencia política se disfraza de carácter y la soberbia se presenta como firmeza, defender la libertad de prensa es más que una causa gremial: es un acto de dignidad nacional.
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