Cuando informar también puede hacer daño. «La información policial vende». Me lo dijo, hace años, el distribuidor del diario que dirigí durante la primera década de este siglo.

No discrepé de la realidad comercial. Sí discrepé, desde entonces, de convertir el delito en mercancía periodística. Siempre sostuve que una noticia policial no debía llegar a primera plana, salvo excepciones. Debía hacerlo cuando su publicación ayudara a formar conciencia ciudadana.

Así entendía el trabajo nuestro primer redactor policial, Felipe Guevara Reinoso. Informaba sobre el delito, pero también procuraba que el lector comprendiera sus consecuencias.

Hoy conviene recordar esa experiencia frente al secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla. El caso vuelve a plantearnos dónde termina la información y comienza el morbo.

El secuestro, los cuatro acompañantes asesinados, el cautiverio y la posterior captura del presunto líder de «Los Pulpos» constituyen hechos de indudable interés público.

También lo son las posibles fallas de seguridad, la actuación policial y las contradicciones surgidas alrededor de las versiones oficiales. Pero otra cosa es describir minuciosamente el búnker, exhibir imágenes innecesarias o revelar detalles íntimos del cautiverio.

¿Ayuda todo ello a comprender el crimen? ¿Contribuye a prevenir nuevos secuestros? Si la respuesta es negativa, probablemente estamos ante el morbo. La prensa tiene derecho, incluso obligación, de cuestionar las versiones oficiales. El periodismo no nació para repetir comunicados ni para convertirse en vocero del poder.

Pero fiscalizar exige verificar. Una contradicción oficial debe investigarse, no reemplazarse por especulaciones presentadas como verdades. Hay además una frontera que jamás deberíamos olvidar: la dignidad de la víctima. El sufrimiento humano no puede transformarse en espectáculo para aumentar audiencia.

Tampoco debe olvidarse la presunción de inocencia. La captura de una persona no equivale a una sentencia judicial. La información policial necesita límites, precisamente porque puede producir consecuencias que exceden la noticia. Puede poner vidas en peligro, revictimizar y contaminar investigaciones.

En los casos de secuestro, esos límites deben ser todavía mayores. Una información difundida oportunamente puede ayudar a liberar una vida.

Otra, publicada sin criterio, puede favorecer al delincuente o dificultar el trabajo de quienes intentan rescatarla.

El periodista no debe preguntarse solamente cuánto vende una noticia. Debe preguntarse para qué sirve.

La diferencia parece pequeña, pero define dos maneras de entender el oficio: informar para la sociedad o explotar la desgracia ajena.

La noticia policial tiene un lugar legítimo en el periodismo. No necesita desaparecer, sino recuperar su propósito.

Debe explicar el delito, alertar sobre sus causas, fiscalizar a las autoridades y ayudar a formar ciudadanos.

Esa fue la enseñanza de aquellos periodistas que entendían que informar también significaba educar.

Hoy, cuando la competencia por la audiencia parece no tener límites, conviene recuperar aquella prudencia.

Porque una noticia puede ser verdadera y, al mismo tiempo, innecesaria. Y cuando eso ocurre, publicar deja de ser un servicio.

El periodismo responsable sabe que no todo lo que puede contarse merece ser contado.