En esta columna, el día 8/6/23 publiqué “¿Contralor o contador de corrupción?”. Dimos cuenta de los anuncios anuales hechos por el contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, respecto a la pérdida de ingentes cantidades de recursos públicos, por corrupción en los tres niveles de gobierno: nacional, regionales y locales.
Resumiendo, nos dijo: el año 2019 se perdió S/23 mil millones; 2020, S/23 mil millones; 2021, S/22 mil millones; 2022, S/24 mil millones.
Ahora informa: “Corrupción e inconducta funcional habrían ocasionado pérdidas por S/24 268 millones en el 2023”, significando el “12.7 % respecto al presupuesto del sector público ejecutado” (Nota de prensa, publicado en internet, del 27/02/24, de la Contraloría General de la República).
En aquella ocasión, terminamos el artículo, escribiendo: “Señor Contralor, basta de cantaletas. Díganos qué va a hacer para prevenir la corrupción, qué medidas va a adoptar y aplicar para disminuir ostensiblemente las pérdidas por corrupción”.
Coincido con el analista Buenaventura Ríos (diario Voces, Tarapoto, Región San Martín del 2/3/24), escribe: “estas cifras revelan el fracaso de la CGR y del contralor en particular que está en el cargo desde el 20 de julio de 2017.
Dados estos resultados, el contralor general de la República, después de 6 años de gestión, no puede salir ante el país a presentar un diagnóstico situacional de la corrupción, como si fuera una ONG o una consultoría cualquiera, como si no tuviera responsabilidad en el tema, además de tener facultades sancionadoras. Ya pues.”
Le sugerimos, a la Contraloría General de la República:
1. Suscribir, con consejeros regionales y regidores municipales, un pacto de fiscalización articulada contra la corrupción.
2. Atender con prioridad, sus denuncias alcanzadas a los OCI.
3. Dar cabal cumplimiento a las leyes 31433 y 31812 de fortalecimiento y financiamiento de la función de fiscalización de consejos regionales y concejos municipales.