La propuesta del ministro de Trabajo, Juan Sheput, de eliminar cinco feriados específicos para agruparlos el 27 de julio —además de trasladar otros días festivos a los lunes— pone sobre la mesa un debate económico sobre el verdadero costo que paga el país por el exceso de días no laborables, pero también hay una discusión social, porque los trabajadores no querrán que les quiten esos días de ‘descanso’. 

Hay que aceptar que en Perú, hay proliferación indiscriminada de feriados aprobados por anteriores congresos populistas que sobrecargaron el calendario nacional, generando serias distorsiones en los costos laborales de las micro y pequeñas empresas (Mypes) y restando competitividad frente al mercado global. 

Ajustar la estructura del calendario cívico no es una afrenta, sino un acto de sinceramiento técnico indispensable para un país que requiere dinamizar su producción y ordenar la planificación de las horas trabajadas.

La iniciativa de concentrar fechas conmemorativas dispersas y replicar modelos eficientes como el colombiano —donde los descansos se trasladan al inicio de la semana sin interrumpir intempestivamente las jornadas laborales— responde a una demanda concreta del sector productivo y comercial. 

Aunque el planteamiento del propio Ministerio de Trabajo quiere un reordenamiento responsable para aplicarse de manera gradual a partir del próximo año, respetando los paquetes turísticos y reservas ya contratados para no perjudicar la planificación de las economías regionales. Los ciudadanos ya mostraron su descontento, pues hay muchos rubros que requieren un descanso especial.

El verdadero desafío consiste en equilibrar la necesidad de descanso y el fomento del turismo interno con la urgencia de sostener un crecimiento económico sólido, eficiente y predecible a favor del desarrollo del país.