Una de las principales críticas a las ciencias sociales es su supuesta falta de predictibilidad; es decir, que no puede establecer leyes definitivas ni mucho menos hacer predicciones futuras. Y es que lo anterior es imposible, ya que la sociedad está en constante cambio y transformación; y el objetivo de las ciencias sociales es entender y explicar a la sociedad en cambio.
Entender que la sociedad es dinámica nos evitará cometer el error en el análisis y en la percepción que mucha gente tiene y que muchos “analistas” políticos cometen, en especial en estos tiempos. Por ejemplo, se viene repitiendo la siguiente afirmación tendenciosa para criticar a quienes votaron por Castillo y ahora cuestionan y piden la renuncia de la presidenta Boluarte: “¿De qué se quejan?, si Boluarte estaba en la misma plancha presidencial que Castillo, ustedes votaron por ella también. A ella le corresponde gobernar por mandato y sucesión constitucional. ¡Ahora aguántense!” Pues déjenme decirles que la legalidad de las cosas es superada ampliamente por la realidad social y que son las leyes las que deben adaptarse a la sociedad y no al revés. Junto al elemento de la legalidad (seguimiento de la ley), está el elemento más importante en estos momentos de crisis: la legitimidad (el apoyo y aceptación de la sociedad). Nadie discute que el gobierno de Boluarte es legal, en donde hay casi un consenso es en que estamos frente a un gobierno ilegítimo. El gobierno actual no es, ni por asomo, por el que la mayoría de ciudadnos votó en el 2021. Boluarte ha dado un giro de 180 grados en relación a lo que representaba, ideológicamente, Castillo. No estamos frente al gobierno que, con errores y presuntos delitos que se investigan, representaba a la izquierda que ganó las elecciones generales. Hemos pasado de un “gobierno para el pueblo” a un “gobierno contra el pueblo”. Desde que la presidenta Boluarte está en el poder, el gobierno ha asesinado, en promedio, a más de una persona por día, y la cifra amenaza con crecer. La derecha congresal ha capturado a Boluarte, desde el primer día. Recordemos las reuniones con las bancadas congresales y el halago del premier Otárola a la bancada fujimorista, según él “ejemplo” en el parlamento. El reciente voto de confianza a un gabinete cuyo premier y ministros de defensa y del interior viene siendo investigados por genocidio, ha sellado la coalición ejecutivo-legislativo (DBA).
La gente sigue muriendo (civiles y policías), pero el gobierno indolente ni ofrece disculpas, solo amenaza con mantener el orden y preservar el Estado de derecho (es decir, se vienen más muertes). La realidad ha cambiado. Definitivamente no estamos frente a la Boluarte vicepresidenta, estamos frente a una presidenta capturada, rehén del Congreso, con mayoría de derecha, que se impone en el ejecutivo. Por esto no se votó en el 2021.
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