En apenas 48 horas, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha sacudido el tablero político con la presentación de cinco denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte. Las acusaciones, que van desde enriquecimiento ilícito hasta colusión agravada y encubrimiento personal, no solo revelan un deterioro profundo en las relaciones entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo, sino que reflejan una institucionalidad frágil, propensa al colapso por la presión simultánea de la justicia, la política y la opinión pública. El país, en vilo, observa un conflicto de poderes que no parece tener salida inmediata.
Las denuncias presentadas por la Fiscalía configuran un panorama sombrío para la jefa de Estado. La más preocupante, desde una perspectiva penal y moral, es la imputación por encubrimiento personal en la presunta fuga de Vladimir Cerrón, exgobernador y líder de Perú Libre, quien habría usado un vehículo del Estado. A ello se suma el caso de enriquecimiento ilícito vinculado a las ya mediáticas joyas de lujo, que no solo expone a Boluarte a responsabilidad penal, sino que erosiona aún más su ya debilitada imagen ante la ciudadanía. En este escenario, la narrativa presidencial basada en la estabilidad institucional se quiebra frente a una seguidilla de hechos que demandan explicaciones contundentes.
Sin embargo, este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Ministerio Público no debe entenderse solo como un choque de poderes. Lo que está en juego es la salud democrática de un país que no logra consolidar instituciones confiables. La Fiscalía cumple su deber constitucional al investigar posibles delitos cometidos por la máxima autoridad del país, pero también debe actuar con imparcialidad, sin caer en protagonismos políticos que puedan ser usados como herramientas de presión o desestabilización. La transparencia debe ser el principio rector, tanto para acusar como para defender.
Más allá del caso Boluarte, este momento debe servir como lección para toda clase política y para la ciudadanía: la ética pública no puede ser una aspiración lejana, sino una exigencia permanente. En un país con heridas abiertas por las muertes en protestas, donde la confianza en el Estado es precaria, la rendición de cuentas no es opcional. Es hora de fortalecer las instituciones desde la responsabilidad, no desde el cálculo político. Y en este camino, el rol de una prensa libre, analítica y responsable es más vital que nunca.
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